APRIETES DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL EN LA ARGENTINA (y el macrismo-kirchnerismo obedece)

1)2016

Buenos Aires, 21 de noviembre  La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, termino hoy su primer visita oficial al país invitada por el Consejo Nacional de las Mujeres. Durante una semana viajo por diversas provincias donde se reunió con representantes del sector privado, público y ONGs, a fin de evaluar la situación que presenta la República Argentina en materia de violencia de género.

(La presidente del Consejo Nacional de la Mujeres era  la lesbiana y abortista Fabiana Tuñez)  Sobre este”señor” ver http://aladerecha.com.ar/?p=831  http://catapulta.com.ar/?p=7645)

Comunicado oficial de la Relatora Šimonović

“En primer lugar quisiera agradecer al Gobierno de la Argentina por invitarme a realizar esta visita oficial y por su excelente cooperación antes y durante mi estadía en el país.

Permítanme ahora referirme a algunos de los hallazgos preliminares.

La violencia contra la mujer se encuentra reflejada en las desigualdades y discriminación contra la mujer, por lo que su prevención y erradicación debe basarse en el logro de una igualdad de género y en el empoderamiento de la mujer mediante la prevención, protección y persecución de hechos de violencia contra la mujer en forma holística, en todo el país, en cada una de las provincias, lo que no sucede en la actualidad.

Marco Legal

La Argentina ratificó la CEDAW, su Protocolo Facultativo y la Convención de Belém do Pará, y adoptó una serie de leyes importantes sobre los derechos de la mujer y la violencia de género – Ley 26.485, aprobada en 2009, para brindar una protección integral como medio de prevención, castigo y erradicación de la violencia contra la mujer en el marco de las relaciones interpersonales; la Ley 26.842, aprobada el 19 de diciembre de 2012, que dispone la prevención y el castigo de la trata de personas así como la asistencia a las víctimas; la Ley de Identidad de Género, aprobada el 9 de mayo de 2012, que reconoce el derecho a la identidad de género que cada uno percibe para sí mismo, entre otras. 

Por otro lado, algunos artículos del Código Penal no son de aplicación inmediata como, por ejemplo, el artículo 86 que establece excepciones para la criminalización del aborto en aquellos casos en que se permite el aborto para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo proviene de una violación.  En un fallo del 12 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia, reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en todas aquellas situaciones permitidas por la ley, es decir, cuando existe peligro para la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es el resultado de una violación.  En junio de 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, pero este protocolo no cuenta con la condición jurídica que correspondería y hasta la fecha solamente 8 de las 24 jurisdicciones provinciales han emitido protocolos de atención para abortos no punibles de conformidad con el Protocolo nacional.

Según los informes que he recibido, la ausencia de protocolos, junto con la negación frecuente de los médicos a realizar un aborto sobre la base de la objeción de conciencia, resulta en un número mayor de abortos inseguros y contribuye a la tasa alta de mortalidad materna en la Argentina.  Insto a las autoridades provinciales responsables a que adopten en forma urgente los protocolos necesarios. También hago un llamamiento a los Ministerios de Salud de la Nación y provinciales para que reúnan y difundan información sobre los centros de salud pública del país que ofrecen acceso a abortos legales y seguros y a atención post aborto.

La criminalización del aborto en general, así como los obstáculos para acceder a un aborto legal, ha llevado a los profesionales de la salud a denunciar a las mujeres que buscan atención de la salud en casos de interrupción del embarazo, por lo que luego dichas mujeres deben enfrentar un juicio penal.

Respaldo las recomendaciones del comité de la CEDAW que insta a que las mujeres tengan acceso a un aborto legal y seguro y a la atención post aborto, definiendo y aplicando requisitos en cuanto a una justificación estricta para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se niegan a realizar abortos, considerando en particular la situación de embarazos recientes como resultado de la violación o el incesto que puede ser considerado como una tortura.  Además, el gobierno debe acelerar la adopción del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, aumentando el acceso legal al aborto.

Habiendo recibido numerosos informes de la tasa alarmantemente elevada de embarazos y partos entre niñas de 13 a 18 años de edad, alentaría firmemente a los gobiernos Federal y Provincial a asegurar presupuestos adecuados para la aplicación de la Ley 26.150 de 2006 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.  Además, recomendaría que se incluya la educación sobre derechos sexuales y reproductivos en los programas de estudios de las escuelas en todo el país, y que se intensifiquen los esfuerzos por distribuir anticonceptivos gratuitos, en particular en asentamientos informales y entre la población de bajos recursos.  En este sentido, me preocupa que no todas las provincias hayan adherido a la Ley sobre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Consejo Nacional de la Mujer

Veo con agrado los esfuerzos del Consejo Nacional de la Mujer para promover y monitorear la implementación de las obligaciones internacionales sobre igualdad de género y violencia contra la mujer, y coordinar su trabajo con los esfuerzos de otras Oficinas Provinciales de la Mujer y las Oficinas Municipales de la Mujer, con vistas a implementar planes nacionales en el área de igualdad de género También respaldo la recomendación del Comité de la CEDAW para darle rango ministerial a fin de que sea más visible y mejore su capacidad para promover y monitorear la implementación de las políticas de igualdad de género.

Femicidio y datos de violencia contra la mujer

La prevención y lucha contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer exige la formulación de políticas basadas en la evidencia.

También me preocupa que no existan datos sobre violaciones y delitos de odio contra lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LBTI), investigación, procesamiento y condena de los agresores, así como el resarcimiento para las víctimas.

Me complació saber que varias facultades en el país han incluido en sus programas de estudio varios cursos obligatorios sobre género.

https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/pressreleases/2016/11/21/relatora-especial-de-la-onu-insta-a-la-argentina-a-qu

Entre las organizaciones presentes ayer estuvieron Patria Grande Tucumán, Asociación Civil Casa de Mujeres “María Conti” de Jujuy, Mujeres de la Patria Latinoamericana ( Mumala ), Mujeres por Mujeres,  Andhes,  Puedes,  Asociación de Travestis , Transexuales y Trans de Argentina ( ATTA ), y el Comité Latinoamericano y Caribeño de Defensa de los Derechos de la Mujer ( CLADEM ).

2)2020

“La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Dubravka Šimonovic, celebró este lunes el envío de los proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, y dijo que «dan cumplimiento a las obligaciones internacionales» del país «en materia de derechos humanos».

El pasado 26 de noviembre, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, informó a Šimonovic sobre el envío al Congreso de la Nación de las iniciativas para legalizar el aborto y para garantizar el Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia por parte del Poder Ejecutivo.

Šimonovic recordó que tras su visita al país en 2016, señaló que «la penalización del aborto, sumado al hecho de que personal médico solicitara autorización judicial a la hora de practicar interrupciones del embarazo incluso cuando se debían realizar dentro de las causales previstas en el Código Penal, convertía al aborto en una práctica inaccesible incluso en los casos excepcionales contemplados por la ley».

La Relatora Especial aseguró que entonces recomendó «que se suprimieran las medidas punitivas que penalizan a las mujeres que se someten a abortos y se aprobara una ley que regulara los abortos legales, al menos en lo concerniente a embarazos resultantes de una violación o incesto, en los que la vida o salud de la embarazada esté en peligro, y en los que exista una deficiencia fetal grave».

También recordó que sugirió «que se establecieran requisitos justificativos para evitar la invocación general de la objeción de consciencia por los médicos que se nieguen a llevar a cabo abortos».

Es en este contexto en el que Šimonovic celebró la elaboración de estos proyectos de ley que «expresamente se enmarcan en el derecho internacional de los derechos humanos y tratan de apoyar a las mujeres en sus decisiones reproductivas».

Tras destacar la importancia de la legislación tendiente a proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, manifestó el apoyo de su mandato a estas iniciativas y solicitó que se tomen «las medidas necesarias para promover y aprobar los proyectos de ley en el Congreso Nacional, en cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Argentina«.

https://www.unidiversidad.com.ar/la-onu-valora-el-tratamiento-del-proyecto-sobre-el-aborto-en-argentina