“Aportan al sistema y así lo obligan a destinar los fondos para proyectos que ellos definen y deciden”, afirma en esta entrevista María Anne Quiroga, directora de Investigación en el Global Center for Human Rights (GCHR) y coautora, junto con Sebastián Schuff, del informe “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada”.
El estudio realizado por el GCHR sobre un período de 13 años -y a partir de los informes del propio sistema- pone en evidencia de qué forma grupos de interés, empresas, grandes fundaciones e incluso gobiernos de países que no integran la Organización de Estados Americanos (OEA), desarrollan una acción de lobby a través de aportes al financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), formado por la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte (Corte IDH).
Con frecuencia esos aportes tienen título, es decir, se especifica la temática que se espera traten la Comisión y la Corte. Esto puede definir un sesgo en organismos que deberían ser imparciales.
Por ejemplo, en el trabajo de Quiroga y Stuff se cita expresamente un párrafo muy llamativo de un informe emanado de la CIDH: “Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. (…) …los Estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar el respeto y la aceptación a las personas cuya orientación sexual, la identidad de género —real o percibida—, o cuyas características sexuales difieren de los patrones mayormente aceptados por la sociedad”.
El cuadro muestra la proporción del financiamiento externo sobre el total del presupuesto de la CIDH (Global Center for Human Rights)
Claramente, dice el GCHR, el párrafo citado es una extralimitación por parte de la Comisión de su mandato, porque la condición de Estado miembro de la OEA no implica en modo alguno “la obligación” de fomentar “cambios culturales”. Nada de eso figura en la Carta que da origen y sustento al sistema.
La confusión habitual entre comisión (CIDH) y Corte Interamericana, y la amalgama entre fallos e informes contribuyen a la instalación de estas opiniones como “vinculantes”, cuando no lo son.
El GCHR muestra que estos financiamientos interesados producen cosas tales como que un informe sobre “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (2015)”, sea publicado con un agradecimiento al apoyo de Chile, Dinamarca, EEUU, Fundación Arcus, ONUSIDA, los Países Bajos y el Reino Unido. Otro, en 2019, sobre “avances” y “desafíos” en materia de “Reconocimiento de derechos de personas LGBTI”, por el cual la CIDH agradeció el “apoyo de Wellspring Philanthropic Fund, Trust de las Américas y Fundación Arcus”. Y en 2020, otro informe sobre “Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, con mención al “apoyo financiero proporcionado por el Trust de las Américas, Wellspring, Arcus Foundation y el Gobierno de Holanda”.
El GCHR concluye que “los organismos creados por los países para proteger y promover los derechos humanos han cometido numerosos abusos, extralimitaciones y violaciones a los propios tratados que les dieron origen y sentido, a la vez que han adolecido de procesos transparentes e imparciales de rendición de cuentas”, lo que, en opinión de los autores, lleva a una “distorsión” respecto de lo que debiera ser “una interpretación auténtica de los derechos humanos”.
María Anne Quiroga es franco-argentina y licenciada en Derecho por la Sorbonne y por la Universidad de El Salvador, donde también es profesora adjunta de Filosofía del Derecho
https://www.infobae.com/sociedad/2023/05/13/maria-anne-quiroga-hay-empresas-paises-y-ong-que-financian-a-la-cidh-y-a-la-corte-y-les-imponen-una-agenda/
